El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha declarado que “las entidades que deseen ser designadas como centro regional deben presentar el formulario I-956, Solicitud de designación de centro regional”. Esto significa esencialmente que todos los centros regionales EB-5 actuales aprobados previamente tendrían que volver a solicitarlo, lo que provocaría retrasos en la tramitación que podrían durar varios años. El Centro Regional Behring ha presentado una demanda impugnando esta designación, alegando posibles conflictos con la Ley de Procedimiento Administrativo. Behring afirma que el USCIS está violando la Ley de Procedimiento Administrativo y que su última directriz desafía el propósito aparente del Congreso.

En una carta presentada por IIUSA, el representante de la industria, el grupo expresaba serias preocupaciones sobre las declaraciones de rediseño de la agencia y solicitaba una reunión con los funcionarios del USCIS para discutirlas. IIUSA y sus miembros reconocen la necesidad de que los centros regionales cumplan la Ley de Reforma e Integridad (RIA), pero también creen que hay una forma de que los centros regionales demuestren su cumplimiento sin retrasar aún más el retorno de la industria. Hay demasiados proyectos de desarrollo económico y puestos de trabajo en juego como para aplazarlo mucho más.

La Ley de Integridad y Reforma del EB-5, que se incluyó en el paquete presupuestario ómnibus del año fiscal 2022, elevó los requisitos mínimos de inversión a 800.000 dólares para las inversiones dirigidas y a 1.050.000 dólares para las inversiones regulares. El proyecto de ley también establecía salvaguardas para las empresas de los centros regionales, como el aumento de los requisitos de información. Se esperaba que la iniciativa del centro regional se reanudara en mayo, según los inversores. Sin embargo, las nuevas directrices publicadas en abril en el sitio web del USCIS obligan a las operaciones actuales de los centros regionales a volver a certificarse mediante la presentación de nuevos planes de negocio, lo que alarma a los defensores del sector.

Esta decisión ya ha obligado a Behring a aplazar 450 millones de dólares en proyectos de desarrollo previstos para los próximos dos años. Los inversores también han solicitado que se les retiren los pagos, puesto que ya no ven una vía para obtener la tarjeta verde a través del programa EB-5.

“El anuncio del USCIS desautorizando los centros regionales obstaculiza los proyectos innovadores, frustra la inversión extranjera al elevar los riesgos a niveles irrazonables y elimina cualquier salvavidas final que los centros regionales puedan dar a los posibles inversores”, según la denuncia.”

Según Behring, los periodos de espera actuales para la autorización de nuevos centros oscilan entre cinco y nueve años, por lo que es poco probable que se vuelva a autorizar el funcionamiento de ningún centro regional antes de que expire la Ley de Integridad en 2027. Los últimos acontecimientos tendrán probablemente un impacto significativo en la capacidad de las empresas para atraer inversiones, afirmó el grupo. Es posible que se cancelen nuevos proyectos de construcción, lo que también podría suponer un lastre para la economía.

Mientras tanto, según la demanda, los inmigrantes inversores que han esperado años a que se acepten sus peticiones de tarjeta verde se enfrentan al rechazo, ya que no se les asociará a centros regionales reconocidos.